Colombia ha entrado, ya hace un tiempo, en la categoría de los “estados malogrados”. Países que comparten ciertos atributos primarios como su incapacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia. Con instituciones débiles o corruptas y un mandatario autoritario que se considera más allá del alcance de la ley nacional o internacional, por lo tanto libre de concretar actos de agresión.

Estados que no respetan las leyes internacionales y que ponen en grave peligro la paz en la región socavando en su delirio la democracia sustantiva. El bombardeo del 1 de marzo en territorio ecuatoriano, por parte de fuerzas especiales del ejercito nacional, es la prueba reina de esta aseveración.

En 1994, el presidente Bill Clinton fue más allá del límite diplomático y los denominó “estados terroristas” al referirse a los “estados delincuentes”. Estados a los cuales el gobierno de los Estados Unidos debía proteger -Irak, Afganistán- a veces destruyéndolos.

Nuestro país comparte esta dolorosa distinción (la de estado malogrado) en América Latina junto con Haití y República Dominicana.

La etiqueta de “estado malogrado” no es de ningún modo gratuita: el gobierno de Álvaro Uribe ha dado pruebas fehacientes para merecerla. Un Congreso ilegitimo con 32 miembros encanados, entre ellos, Mario Uribe, primo del presidente y otros 30 en capilla acusados de tener comprobados vínculos con los grupos paramilitares. Una reelección, signada por la trampa del dinero y las prebendas burocráticas, por lo tanto ilegitima. Quien se aficiona a vivir de la rapiña, a todas horas encuentra ocasión para practicarla.

Una guerrilla hostil que el gobierno no puede derrotar militarmente a pesar de las afirmaciones que el “optimista de la bala y el cañonazo”, Juan Manuel Santos, brinda en sonrientes ruedas de prensa. Un gobierno que carece de plan para liberar a los secuestrados en poder de las FARC y se empecina en mantener al incompetente y desabrochado, Luís Carlos “el bocón” Restrepo. Un gobierno (acusado de crímenes de estado), que no garantiza la seguridad de la población expuesta al conflicto. “Más que un país violento se podría decir que Colombia es un país habitado por víctimas de la violencia”.

Una administración, que al no tener una Cancillería independiente se adapta y defiende, a capa y espada, las instrucciones que le expide “el amigo americano”. Un gobierno colombiano internacionalmente aislado y acusado de ser un “barrabrava” continental por sus vecinos.

Un país con un marcado desequilibrio social donde abunda la violencia, la pobreza, la miseria; con un moribundo Sistema de Salud y una deficiente educación pública, pero donde los bancos obtienen ganancias obscenas, de más 3.200 millones en el último ejercicio. Un país de banqueros y comerciantes -señores invisibles- que hacen negocios con los vencidos.

Un estado que no confía en su propia institución de justicia y se enaltece, se vanagloria en enviar a sus conciudadanos a ser juzgados por otras cortes, en otra lengua y bajo otras leyes.

Un gobierno que sabe que no puede entregarle a la justicia, la misma que lo cuestiona, las herramientas para que lo condenen (alguna vez se valió de ellos para ganar las elecciones) opta por enviar a Estados Unidos a los principales cabecillas paramilitares que podrían eventualmente implicarlo.

Un gobierno de Uribe que demostró con ese acto que es más aficionado a la servidumbre que a la libertad. Priorizó la relación con el imperio antes que satisfacer la sed de Justicia y Reparación que él mismo había impulsado a las víctimas del conflicto. Nadie puede negar que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia por los grupos paramilitares tengan mayor prelación o sean prioritarios a los delitos que el narcotráfico perpetró en los Estados Unidos.

A los familiares de las víctimas, los criminales les arrebataron a sus seres queridos. Uribe, con su decisión, los despojó de su derecho a conocer la verdad. El ímpetu y dignidad que les quedaba se fue al garete en el avión de la DEA. Con la partida de las bestias a Estados Unidos el gobierno de Uribe enterró el proceso de Justicia y Paz.

¡No esperen milagros! El gobierno de los Estados Unidos definitivamente está más interesado en conocer las rutas y contactos del narcotráfico que en esclarecer los crímenes de humildes campesinos.

Precisamente el arma más poderosa, acaso la única, que tenía el gobierno para hacer confesar a los cabecillas paramilitares, era la amenaza latente de la extradición. Producida esta, ya no hay nada que negociar.

Uribe, acorralado por el escándalo de la parapolítica se libró de las fieras que podían comprometerlo; produce un show para seguir ganando indulgencias en la aprobación del TLC y se encamina hacía la tri-reelección. ¡Ya puede cantar victoria! Tiene futuro… blande la espada de la impunidad.

¡Qué importa la forma si el fondo es repugnante!