No hubo humo blanco, tampoco abrazos que sellaran el acuerdo de caballeros. Ninguno de los dos dio su brazo a torcer. No hubo la tan esperada conciliación entre las partes: no fue sorpresa. La función, quedó claro, no se suspende por mal tiempo ni por falta de garantías. El respetable espera ansioso el desenlace para pronunciar su veredicto. No habrá, al menos por el momento, final feliz. Los involucrados patearon la mesa conciliatoria, en vez de honrarla.

La pelea entre Uribe y la Corte Suprema, verdaderos pesos pesados, va para largo.

Fiel a su estilo, el presidente Álvaro Uribe ratificó su denuncia por injuria y calumnia, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cesar Julio Valencia Copete -se aduce que el que ataca procede con más valor que el que espera e inspira mayor confianza-. Los ultrajes dirigidos contra los bienes o la honra son los que más ofenden a los hombres.

Son tiempos devaluados, tiempos de beligerancia radial, de acusaciones cruzadas, de conspiraciones virtuales. Nadie se fía de nadie en estos tiempos en que los cuchillos vuelan por los pasillos del Congreso buscando su próximo blanco. ¡Sesenta y tres! y contando… son los políticos atrapados en la red de la parapolítica, la mitad de ellos duermen refugiados en el anonimato de las sórdidas gayolas. Se habla de elecciones anticipadas, de convocar a una Asamblea Constituyente, de la “silla vacía”. La ilegitimidad del Congreso besa el felpudo de la deshonra.

El Gobierno de Uribe enfrenta al mismo tiempo varias crisis que le han sustraído la capacidad para fijar la agenda. También se ha puesto de manifiesto la fatiga de varios de sus cuadros principales: Cancillería, Ministerio del Interior, Comisionado de Paz y, quizás, de su modelo de regañar mucho, culpar otro poco y dejar que otros países se encarguen (o “encarten”) de lograr la liberación de los secuestrados en poder de las FARC.

El gobierno ha demostrado, ¡eso sí! destreza para lanzar constantes cortinas de humo, habilidad para distraer a la audiencia y derroche de grandeza para embarrar la cancha. Sus desbordes retóricos subrayan un nivel alto de intransigencia. Una administración más inclinada a castigar la ofensa que a premiar el beneficio. Apenas obvio: el agradecimiento pesa y la venganza satisface.

Nadie ignora que la calumnia hiere, irrita, mancha. La calumnia no necesita testigos ni ningún otro género de prueba, de suerte que cualquiera puede calumniar a otro, pero no acusarlo porque la acusación exige verdaderas pruebas y circunstancias que demuestren la verdad en que se fundamenta.

Una llamada telefónica que el magistrado Valencia Copete asegura haber recibido el 26 de septiembre provocó el encontronazo entre el ejecutivo y la rama judicial. Según el magistrado, el presidente Uribe lo llamó ese día, para averiguar (léase presionar) los motivos que tenía la Corte Suprema para llamar a su primo Mario Uribe a rendir indagatoria en el escándalo de la parapolítica.

El presidente Uribe afirma que nunca realizó esa llamada, que todo es una vil calumnia y que está dispuesto a renunciar a la presidencia de la República, si se llegara a probar lo contrario. Una bravata innecesaria destinada al consumo interno. Las encuestas lo miman con un 84% de aprobación a su gestión.

Lejos de amilarse, el magistrado Valencia sube la apuesta y denuncia al jefe de estado por “falsedad en documento público”. El choque de jurisdicciones genera inquietud, afecta la vida cotidiana, la salud y los negocios de los colombianos. La oposición cuestiona al gobierno y el gobierno cuestiona a la Corte, le crea mal ambiente, la desprestigia y soterradamente descalifica los fallos que esta emite.

La Corte Suprema produce un nuevo cortocircuito con el ejecutivo al frenar la extradición del ex jefe paramilitar del “Bloque Central Bolívar”, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” a Estados Unidos. El gobierno siente el golpe. Se muestra contrariado, desairado. Otra vez adopta la doctrina del ataque preventivo y propone fórmulas para reemplazar a la Corte Suprema por un nuevo organismo judicial. Todo enmarcado dentro del proyecto de la reforma política.

La confesión de la ex congresista Yidis Medina, que cambió su voto (por prebendas) para aprobar la reelección de Uribe en el 2004, es otra perla en el joyero de la vergüenza nacional. “El gobierno “persuade”, no compra conciencias”, afirma Uribe, tratando de sortear un nuevo obstáculo en estas olimpiadas del descrédito.

La detención de Mario Uribe, familiar del primer mandatario, producida la semana anterior ahonda de manera muy grave la crisis, porque toca el primer anillo de seguridad de la propia figura presidencial.

El presidente Uribe ha contado siempre con el fervor, el favor y el eco, de los medios de comunicación. A ellos recurre cuando tiene que atacar o defenderse.

La estrategia funciona casi mecánicamente: a un escándalo importante le sucede otro de mayor envergadura, incertidumbre, morbo o cuantía. Y si la táctica falla: cosa que casi nunca sucede, siempre estará disponible el tenebroso computador de Raúl Reyes para arrojar noticias que alarmen, inquieten, distraigan y angustien a la población.

La Corte Suprema de Justicia es valiente e imparcial y gobierna bajo el imperio de la ley. A ella hay que ajustarse para consolidar la institucionalidad de la República a ella hay que respetar y defender.

“No se puede confundir la enfermedad con la medicina”, enfatiza Uribe, al referirse al escándalo de la parapolítica y a su disputa dialéctica con la Corte Suprema de Justicia.

¿Ignora, acaso, el presidente Uribe que la causa del mal es la fiebre y no el médico?